Reformas y transformaciones agrarias en América Latina: avances en la democratización del acceso, uso y control de la tierra

Un marco introductorio para la discusión sobre la tierra: los derechos a la tierra frente a la crisis climática y como Derecho Humano

• La deforestación asociada al uso de la tierra, a la agricultura y al manejo de los bosques representan una de las principales fuentes de emisiones globales de carbono.
• La salvaguarda y protección de los derechos a la tierra de comunidades indígenas y agricultores familiares es una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio climático, pues sus prácticas de manejo de la tierra permiten disminuir la deforestación y preservar la capacidad de los bosques de capturar carbono.
• La tierra como un derecho humano es una de las principales demandas de los sujetos y organizaciones populares del campo en América Latina y el Caribe. Para las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, la reivindicación de este derecho es una forma de promover y proteger sus modos de vida, su autonomía y su soberanía sobre sus territorios.
• El derecho a la tierra debe comprenderse desde la relación cultural y espiritual que existe entre los pueblos y su territorio, y como una afirmación de la autodeterminación que a ellos les corresponde. Debe también pensarse desde la promoción del derecho de acceso y gestión de otros recursos de manera integral, y de los derechos de las mujeres rurales a participar de manera efectiva en las decisiones que se tomen sobre el territorio.

Nuevas perspectivas, avances y luchas en la democratización de los derechos a la tierra

• En Brasil, el nuevo Gobierno ha reanudado el proceso de reforma agraria y regularización de la tierra, a través del lanzamiento del Plan Terra de Gente, como una política de desarrollo sostenible de los pueblos, de seguridad alimentaria y de respuesta a los desafíos climáticos. Ello ha significado la reconstrucción de la estructura institucional y burocrática del Estado brasileño dedicada a la democratización del acceso a la tierra.
• Desde las federaciones y sindicatos de trabajadores rurales y agricultores en Brasil, se exige la dotación de los recursos humanos y económicos para llevar a cabo el proceso de reforma agraria. Si bien estas demandas encuentran acogida en el Gobierno brasileño, enfrentan la oposición del Congreso y los Estados Federales de dicho país.
• En Guatemala, la firma de un Acuerdo Agrario entre el Gobierno y las principales organizaciones campesinas del país ha significado, por un lado, el inicio de un trabajo conjunto para abordar la conflictividad agraria y la criminalización de la lucha por la tierra. Por otro lado, ha significado retomar la implementación de una Política Nacional de Desarrollo Rural ,cuyas prioridades y alcances se definirán desde los mismos territorios y los pueblos que los habitan.
• En el diseño de este acuerdo, las organizaciones campesinas en Guatemala centraron sus demandas en la construcción de una nueva institucionalidad agraria que, además de implementar mecanismos de resolución y atención a la conflictividad agraria, fuera capaz de promover el acceso a tierras de los pequeños productores y de trascender una visión productivista y consumista de la economía campesina. Desde estas organizaciones, se exigió que esta nueva institucionalidad agraria genere efectivamente un espacio de articulación, coordinación y diálogo permanente entre el Estado y las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y de productores en los territorios.
• En Colombia, las organizaciones campesinas agrupadas en las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) ven en esta figura del ordenamiento territorial una estrategia para mejorar el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus territorialidades. A partir de las ZRC, las organizaciones proponen la elaboración de planes de desarrollo y conservación desde un enfoque cultural, intergeneracional y de género, que surjan de sus propias vivencias en el territorio y de su búsqueda de una vida plena.

Desafíos para alcanzar las metas sobre tierra desde las organizaciones campesinas y los gobiernos.

• Tanto desde el Gobierno brasileño como desde las organizaciones campesinas se percibe que el mayor desafío es la oposición del Congreso a toda acción que garantice y expanda el acceso a la tierra de las comunidades locales. Se sostuvo que dicho poder del Estado actúa según los intereses de los grandes latifundistas y agroindustriales, impidiendo los cambios de la normativa legal, la asignación de presupuesto y las reformas medioambientales que son necesarias para asegurar el derecho a la tierra de la población campesina, indígena y quilombola.
• Las organizaciones campesinas y quienes luchan por la tierra enfrentan, además, la amenaza constante de las milicias armadas formadas por los agroindustriales y los acaparadores de tierra.
• Sobre la situación en Guatemala, se sostuvo que el Gobierno enfrenta, por un lado, la oposición política de otros poderes del Estado, que sabotean los acuerdos con las organizaciones campesinas. Es el caso del Ministerio Público, que ha ordenado sucesivos desalojos de tierras. Por otro lado, la nueva institucionalidad agraria enfrenta dos desafíos. En primer lugar, la falta de presupuesto para implementar sus acciones y, en segundo lugar, el poco tiempo del que dispone el Gobierno para conformarla y fortalecerla de modo tal que no pueda ser desarticulada en otro mandato presidencial.
• Las organizaciones campesinas enfrentan el gran desafío de mantener el diálogo, pues implica conciliar las demandas urgentes de sus bases con la lentitud en la implementación de los acuerdos por parte de un Gobierno que tiene aún poco tiempo en el poder y pocas capacidades institucionales. A ello se suma una falta de financiamiento para atender las demandas de acceso a la tierra de las poblaciones rurales y la polarización política en el país, que impide que otros sectores se involucren en el proceso de diálogo que ha inaugurado el acuerdo agrario.

Los derechos sobre la tierra como Derecho Humano

Javier Lautaro Medina, Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra en Colombia / CINEP.