Comprender los derechos sobre la tierra en las Convenciones de Río

• La Decisión 15/4, que adoptó el Marco de Acción de Buenos Aires, proporciona directrices específicas para la participación en todos los niveles del gobierno, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes. La meta 1 exige una planificación y gestión espacial participativa que respete sus derechos, lo que proporciona un punto de partida para abordar los derechos sobre la tierra a nivel nacional. Las EPANDB deben alinearse con los objetivos e indicadores del Marco de Buenos Fines que contienen lenguaje sobre los derechos sobre la tierra, pero muchos países solo se alinean parcialmente y no mencionan específicamente los derechos sobre la tierra.
• En la última decisión de la COP se mantuvo la desagregación opcional para los territorios indígenas y tradicionales (ITT), lo que pone de relieve la necesidad de garantizar que las Partes apliquen esta desagregación y tengan en cuenta la tenencia de la tierra al informar sobre todos los indicadores y objetivos basados en el área, como el objetivo 2 sobre la restauración.
• Es necesario seguir desarrollando y poniendo en práctica indicadores relacionados con la violencia contra los defensores de los derechos indígenas, de la tierra y del medio ambiente y el acceso efectivo a la justicia, también en el contexto de los indicadores de conocimientos tradicionales.

La próxima COP del CDB (17) tendrá lugar en Ereván, Armenia, en 2026, y sigue representando una importante oportunidad para la defensa de los derechos sobre la tierra en las políticas e instrumentos del CDB.

El compromiso y la experiencia de larga data de colaboración con los pueblos indígenas y las comunidades locales del CDB se ha traducido en muchos marcos e instrumentos que contribuyen directa o indirectamente a una mayor representación de la garantía de los derechos sobre la tierra para esas comunidades en el CDB.

• Las metas 3, 22 y 23 del KMGBF incluyen referencias al respeto de los derechos sobre los territorios indígenas y tradicionales, así como a la igualdad de derechos y el acceso a la tierra de las mujeres y las niñas.
• Indicador sobre la tenencia y el uso de la tierra: a partir de 2026, los países deberán supervisar e informar sobre los derechos territoriales y sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las NBSAP.
• Los informes del IBPE confirman claramente la importancia de unos derechos sobre la tierra claros e indiscutibles en el contexto del CDB
• El Plan de Acción de Género incluye referencias directas a los derechos de las mujeres sobre la tierra y un objetivo específico asociado (que incluye el aumento de los derechos de las mujeres y las niñas a la propiedad y el control de la tierra) con acciones indicativas y posibles resultados.
• El artículo 8 j), sus directrices voluntarias abordan explícitamente los derechos de tenencia de la tierra, y el nuevo programa de trabajo incluye cuatro tareas que se refieren directamente a los derechos sobre la tierra.

Las EPANDB deben cumplir con los objetivos del KMGBF y el indicador de tenencia de la tierra que respeta y supervisa los derechos sobre la tierra. Sin embargo, la aplicación a nivel nacional de los compromisos mundiales sobre los derechos sobre la tierra sigue siendo uno de los mayores retos para el CDB en lo que respecta a los derechos sobre la tierra. El fomento de la capacidad, la asistencia técnica y los recursos para fortalecer los sistemas de tenencia de la tierra son medidas necesarias para apoyar la aplicación a nivel nacional.

• A menudo se considera que los usuarios de la tierra son los responsables de su degradación. En cambio, es necesario abordar las fuerzas estructurales que conducen a la degradación, como la pérdida y la conversión de tierras, las condiciones adversas del mercado y las infraestructuras, y el cambio climático. Si bien las VGGT lo hacen de manera indirecta, es necesario desarrollar un mecanismo que valore explícitamente los conocimientos locales y los sistemas de gobernanza de la tierra, y es necesario incorporar los conceptos de derechos y restauración y que estos surjan de ellos.
• En 2015, se invitó a las Partes de la CNULD a formular objetivos voluntarios para lograr la neutralidad en la degradación de las tierras (LDN) de acuerdo con sus circunstancias nacionales específicas y sus prioridades de desarrollo. Las Partes siguen elaborando y actualizando estos objetivos. Los objetivos específicos sobre los derechos sobre la tierra apoyarían los esfuerzos de seguridad de la tenencia de la tierra a nivel nacional.
• Además, es importante establecer marcos de seguimiento exhaustivos para supervisar el impacto de los proyectos de degradación y restauración de la tierra en los derechos sobre la tierra. Esto conlleva el desarrollo de indicadores para evaluar la aplicación de las reformas de la tenencia de la tierra en el marco de los proyectos de la CNULD. Los datos y los indicadores sobre la gobernanza de la tierra tienen actualmente un alcance limitado, pero son esenciales para seguir los progresos e identificar las deficiencias.

La COP17, que se celebrará en Mongolia en 2026, supone una importante oportunidad para defender los derechos sobre la tierra en las políticas e instrumentos de la CNULD.

Las decisiones sobre la tenencia de la tierra designadas durante las COP, el Plan de Acción de Género (GAP) y la guía técnica de las VGGT en el contexto de la LDN constituyen pasos importantes en la representación de los derechos de tenencia de la tierra en la CNULD y sus instrumentos.

• Decisiones específicas sobre la tenencia de la tierra desde la COP14
• La guía técnica para la integración de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (VGGT) en la aplicación de la Convención y la neutralidad en la degradación de las tierras (LDN) con el objetivo de integrar actividades para mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra en la aplicación de las iniciativas de LDN, informando a los responsables políticos y a los encargados de la toma de decisiones.
• El Plan de Acción sobre Género tiene como uno de sus cuatro ámbitos de actuación prioritarios el «fortalecimiento de los derechos de las mujeres sobre la tierra y el acceso a los recursos naturales» y exhorta a las Partes a que se propongan aumentar los derechos de las mujeres sobre la tierra para 2030.
• Decisiones específicas en materia de género que abordan explícitamente los derechos de las mujeres sobre la tierra.
• La campaña #HerLand promovió ejemplos inspiradores del liderazgo de mujeres y niñas en la gestión sostenible de la tierra, movilizando apoyo para garantizar los derechos sobre la tierra de las mujeres y niñas en todo el mundo.
• Los informes de la Interfaz Ciencia-Política (SPI) identifican la seguridad de la tenencia de la tierra como una parte crucial del «entorno propicio» para alcanzar los objetivos de la convención, y la Perspectiva Mundial sobre la Tierra (GLO), la publicación insignia de la CNULD, destaca el papel de la seguridad de la tenencia de la tierra en la gestión sostenible y la restauración de la tierra.

Uno de los retos es traducir estas políticas globales en una aplicación a nivel nacional y local. Existen diferentes niveles de concienciación y voluntad política a nivel nacional para aplicar las políticas de tenencia de la tierra. A esto se suman la capacidad limitada y los retos que plantea la movilización de recursos para aplicar las reformas de la tenencia de la tierra en el contexto de los proyectos de desertificación y degradación de la tierra.

• El Acuerdo de París y otros instrumentos de la CMNUCC no hacen referencia explícita a los derechos sobre la tierra. Esto significa que también existen mecanismos débiles para supervisar el impacto de las medidas climáticas en los derechos sobre la tierra y la seguridad de la tenencia, o cómo los derechos sobre la tierra podrían crear resiliencia para las comunidades de primera línea que se enfrentan a los efectos del cambio climático.
• En este momento, no se conoce ninguna consideración sobre posibles indicadores de derechos sobre la tierra, lo que, inspirándose en las otras Convenciones de Río, el desarrollo de indicadores para evaluar la implementación de la tenencia de la tierra en los proyectos climáticos podría ser en el futuro un paso importante y una oportunidad para la mejora de los derechos sobre la tierra en los marcos de la CMNUCC. Por ejemplo, los indicadores globales del Objetivo Global de Adaptación (GGA) que se debatirán durante la COP30.

La COP30, que se celebrará en Brasil en 2025, supone una importante oportunidad para la defensa de los derechos sobre la tierra en la CMNUCC.

• Los informes del IPCC reconocen la importancia de la seguridad de la tenencia de la tierra en la acción climática, las referencias a la tenencia de la tierra en el último Sexto Informe de Evaluación (AR6) del IPCC aumentaron significativamente,
• Las salvaguardias REDD+ hacen referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluye referencias a los derechos sobre la tierra.
• El plan de trabajo renovado de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP) y el Grupo de Trabajo Facilitador (FWG) no menciona directamente los derechos sobre la tierra, pero mejora la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en los procesos de la CMNUCC, lo que podría conducir a una mayor defensa del reconocimiento de los derechos sobre la tierra.
• El artículo 6.4 (sobre los mecanismos del mercado mundial del carbono) aborda el FPIC, analiza y mitiga los riesgos de desplazamiento y pérdida de tierras, pero solo en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas. No llega a exigir el reconocimiento o la documentación de los derechos de tenencia de la tierra, y no se incluyen medidas para los grupos no indígenas.

Es importante animar a los países a que incluyan disposiciones explícitas sobre los derechos sobre la tierra en sus NDC y NAP y a que establezcan marcos de seguimiento exhaustivos para supervisar el impacto de las medidas climáticas en los derechos sobre la tierra.