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El 6 de septiembre se llevó a cabo la cuarta y última sesión del Ciclo de Aprendizaje Regional, en la que se profundizó en tres casos enfocados en los sistemas de gobernanza y la interculturalidad. Los primeros dos casos presentados tienen lugar en Colombia, en territorios con alta presencia étnica y campesina. El tercer caso presentado abordó la experiencia de Guatemala en la formulación e implementación de la política de acceso a tierras para mujeres rurales.

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PRESENTACIONES

El proyecto intercultural de Montes de María en el caribe colombiano. Diálogos locales por la permanencia digna en el territorio

Gabriel Urbano - Politólogo y magister en desarrollo rural

Representantes de la Agencia Nacional de Tierras de Colombia


Colombia: Entre los tiempos de la consulta previa y la urgencia de la participación local. Experiencia de acompañamiento en la implementación de los POSPR en 2 municipios de La Guajira

Julián Brito - Representante de consejos comunitarios en Fonseca, La Guajira


Guatemala: Política para facilitar a las mujeres campesinas, mayas, xinkas, garifunas y meztizas el acceso a la propiedad de la tierra y otros activos productivos

Alejandro Puac - Director de Comunidades Agrarias Sostenibles, Fondo de Tierras

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Buenas prácticas y aprendizajes del ordenamiento social de la propiedad rural

Alejandra Vega, especialista senior en tenencia de tierras y DVGT de FAO, conversa con algunos de los lideres y lideresas, participantes de la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de la Agencia Nacional de Tierras, en los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca en La Guajira.

¿Qué prácticas pueden ser valiosas para evitar o superar conflictos en territorios culturalmente diversos o con presencia de actores externos, donde hay distintos intereses sobre la tierra?

- En situaciones donde se enfrentan diferentes perspectivas culturales, el diálogo participativo se convierte en un recurso fundamental para alcanzar un consenso. Encontrar un objetivo común que tienda puentes entre los actores implica la construcción de acuerdos entre todas las partes involucradas, incluyendo los Estados. Más allá del diálogo, también es imperativo garantizar la ejecución de los acuerdos alcanzados, ya que los Estados a menudo incumplen los derechos que supuestamente deberían salvaguardar.

- En contextos de alta conflictividad, se debe priorizar la inversión en mecanismos de resolución de disputas y espacios de gobernanza. Esto es esencial, ya que subyace a cualquier proceso relacionado con derechos a la tierra que se quiera ejecutar. Si los conflictos y disputas no se abordan adecuadamente, la sostenibilidad de cualquier proceso de regularización de tierras se verá seriamente comprometida.

- Es crucial adaptar y consensuar las metodologías de trabajo con las comunidades, así como acordar con ellas y/o informarles acerca de las acciones realizadas en sus territorios. También es importante permitirles elegir mediadores locales para supervisar los procesos de regularización de tierras de manera autónoma.

- La clave para encontrar soluciones efectivas a los conflictos radica en una caracterización y comprensión inicial adecuada de la situación. Esto requiere de entidades especializadas en la gestión de conflictos y personal capacitado en la mediación. Sin embargo, es importante destacar que la frecuente rotación de personal en las instituciones dificulta la formación de equipos cualificados y el seguimiento constante de los procesos conflictivos.

- Es crucial comprender que no todos los conflictos pueden resolverse únicamente a través del marco jurídico o legal, ya que en muchas ocasiones, la aplicación estricta de la ley puede llevar a entidades sin la competencia adecuada a asumir responsabilidades de mediación y resolución.

¿Cómo se relacionan los procesos de regularización de tierras y el ejercicio del autogobierno y la libre determinación de indígenas y afrodescendientes?

- La tenencia de la tierra plantea un enfoque que difiere de la perspectiva liberal, ya que desde las comunidades se demanda una interpretación más amplia de la tierra y el territorio que va más allá de la mera titularidad. Para estas comunidades, el derecho a la tierra abarca las relaciones humanas y el profundo vínculo con el territorio. Este enfoque se relaciona con la idea de autogobierno y las diversas formas de gobernar el territorio, que no concuerdan con las visiones hegemónicas impuestas por los gobiernos.

- Un proceso de regularización de tierras adecuado implica reconocer y salvaguardar el derecho a la libre determinación de estos pueblos, lo que significa que tienen el derecho de determinar su propio destino en términos políticos, económicos, sociales y culturales, en línea con sus tradiciones y valores. Por tanto, estos procesos deben facilitar la materialización de este derecho al permitir que las comunidades ejerzan un control sustancial sobre sus asuntos internos.

- Los procesos de regularización deben considerar que las comunidades avanzan de manera autónoma en la recopilación de información sobre sus territorios, abarcando tanto aspectos jurídicos como de poblamiento. Esto respalda sus derechos ancestrales sobre la tierra y les permite recuperar territorios que anteriormente les fueron arrebatados.

- En un proceso de regularización de tierras se deben priorizar los instrumentos de gobierno propio, como los Planes de Vida, que funcionan como herramientas de autonomía y buscan establecer un diálogo con los planes de desarrollo locales y regionales para potenciar sus alcances.

- Lograr un proceso de regularización de tierras con respeto al autogobierno y a la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes también implica establecer acuerdos entre las instituciones y las comunidades para generar información catastral. Esta colaboración resulta fundamental para alcanzar los objetivos en la gestión catastral, asegurando el reconocimiento de los derechos diferenciales de cada grupo.

¿Qué políticas y prácticas públicas han funcionado o son necesarias para acortar las brechas y garantizar los derechos a la tierra para las mujeres rurales?

- Resulta esencial involucrar a las mujeres en todas las fases de los procesos de regularización de tierras de manera integral, más allá de cumplir con cuotas de representación. Esto es importante ya que la comprensión de sus intereses y perspectivas en relación a los territorios desempeña un papel fundamental en la sostenibilidad de dichos procesos.

- Es esencial que los reglamentos internos de las comunidades contengan disposiciones que garanticen el acceso a la tierra para las mujeres.

- Para promover un acceso equitativo a la tierra, se debe ofrecer educación a mujeres indígenas y afrodescendientes en cuestiones relacionadas con este tema, así como proporcionar formación a los hombres en asuntos de género y nuevas masculinidades.

- En la tarea de promover los derechos de las mujeres rurales, es necesario considerar a la familia como un componente fundamental, ya que esta es el espacio de participación natural y de soporte de las mujeres. En este sentido, trabajar con hombres y niños es fundamental para evitar que la familia reproduzca patrones patriarcales y se convierta en un entorno de cuidado compartido.

- Es necesario cuestionar cómo las prácticas y los mandatos actuales, tanto dentro de las comunidades como en otros espacios, pueden excluir a las mujeres de los procesos de toma de decisiones. Un ejemplo de esto es la considerable carga de trabajo doméstico y de cuidado que recae en las mujeres, lo cual limita su capacidad para participar en otros espacios o asumir responsabilidades fuera del hogar. Incluso cuando existen marcos legales que reconocen sus derechos de propiedad, persisten notables brechas en su participación en las instancias de toma de decisiones. Es fundamental reconocer a las mujeres rurales como propietarias de la tierra y valorar su contribución al mantenimiento de la misma, tanto en términos de trabajo de cuidado como de producción.

- El Estado debe reconocer las disposiciones oficiales de las comunidades, como las sentencias o resoluciones comunitarias vinculadas con la delimitación y los linderos territoriales. Estas disposiciones suelen respaldar de manera más efectiva los derechos a la tierra de las mujeres en comparación con los instrumentos legales oficiales. La falta de reconocimiento oficial de estas disposiciones priva a las mujeres de sus derechos y obstaculiza una redistribución efectiva de la tierra con un enfoque de género.

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Gabriel Urbano - Politólogo y magister en desarrollo rural

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Wilmer Barrios

nativo del corregimiento de Pueblo Nuevo en el municipio de María La Baja, compartió los desafíos y aprendizajes relacionados al proyecto intercultural de protección territorial de Montes de María en el Caribe colombiano

Antonia Rojas

líder del equipo de formulación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) presentó la experiencia de implementación de estos planes en 2 municipios de La Guajira, Colombia.

Julián Andrés Brito Gamez,

representante legal del Consejo Comunitario Luis Enrique Martinez de Sitio Nuevo, quien también participó en la experiencia de implementación de los POSPR, señaló la importancia del trabajo codo a codo de todas las partes involucradas.

Alejandro Puac,

quien presentó la experiencia del Fondo de Tierras y su política para facilitar a mujeres campesinas, mayas, xinkas, garífunas y mestizas el acceso a la tierra y otros activos productivos, explicó cómo se abordaron los retos en la implementación de esta política, que supuso abordar las barreras que enfrentan las mujeres rurales con un enfoque integral.